El gobierno nacional ha tomado la decisión de ignorar al sector agropecuario y a sus dirigentes. Está jugando una apuesta al vacío para mostrar ante lo sociedad que sigue manejando los tiempos de la política y que no perdió el control después del reclamo jamás visto que provocó la Resolución 125.
La responsabilidad por la situación de muchos camioneros no la tienen los dadores de carga -productores e intermediarios- sino que habría que buscarla en la falta de políticas del Gobierno para planificar a tiempo la infraestructura necesaria a fin de responder al aumento de la producción.
Por Alfredo Gutiérrez Girault
La crisis internacional actual se ha profundizado, propagado y prolongado más que lo que pudo presumirse cuando se desencadenó. Durante todo el 2008 se han observado señales de desaceleración del crecimiento de la economía mundial en general y de la Latino América en particular, que desafían la teoría de la inmunización y que, seguramente, se profundizarán en el último trimestre del año. Para Argentina, esa desaceleración también impactará tanto a través del canal comercial –que afectará en términos de precios y de cantidades a las exportaciones– cuanto por el canal financiero.
Por Alfredo Gutiérrez Girault
Desde hace casi dos años la tasa de inflación anual se ha ubicado en algún valor alrededor del 25%, si se utiliza algún indicador objetivo, como un promedio de las mediciones de los precios minoristas que llevan adelante las provincias.
Por Juan Carlos de Pablo
En el mismo país donde el servicio de transporte automotor interurbano es fantástico, el servicio de aeronavegación de cabotaje es penoso. ¿Por qué? pregunta mi tía Carlota, la que nunca fue a la facultad de ciencias económicas.
Por Alfredo Gutiérrez Girault
El martes 2 de septiembre la Presidente firmó un decreto mediante el cual se instruía al Ministro de Economía pagar la deuda con el Club de París con Reservas Internacionales del Banco Central.
Por Esteban Bullrich
Los griegos llamaban idiota a quien no se ocupaba de la cosa pública. El colmo griego, sería entonces un Estado – garante moderno del funcionamiento y bienestar de la cosa pública – que no se ocupe de ella. El colmo griego, sería por ello la constitución de un Estado idiota.
El proyecto oficial de reestatización de Aerolíneas Argentinas enviado al Congreso Nacional, deja entrever que somos un Estado Idiota.
La historia de Aerolíneas Argentinas es la de una empresa administrada por un Estado idiota sólo hasta su privatización, y luego, de un Estado corrupto; que es mucho peor. Desde allí su historia de descontrol, desmanejo, endeudamiento y destrucción deja la inocencia de una bobería para pasar a ser algo significativamente más grave. Para dar cuenta de ello, sólo basta con leer el proyecto oficial Poder Ejecutivo.
La primera decisión cuestionable del Gobierno argentino data del 17 de marzo de 1994. En ella, la gestión de Menem renunció al derecho de veto a cambio de una integración de capital de Iberia. Sin embargo, inmediatamente Iberia renunció al plan de inversiones acordado en la privatización y lo redujo al mantenimiento de los servicios existentes. Es una obviedad decir que ni siquiera cumplió con ellos y que descapitalizó aún más la empresa. El resultado final de esa gestión fue un concurso preventivo el 22 de junio de 2001.
Posteriormente, en octubre de 2001, la empresa Air Comet compra la totalidad de las acciones de Aerolíneas Argentinas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Operación tardíamente notificada al Gobierno argentino – como rezan los fundamentos del proyecto de ley.
Cuando asume Néstor Kirchner se comienza a cuestionar los balances presentados por Air Comet, e inclusive se inician acciones judiciales de impugnación. Sin embargo, “a fin de permitir la continuidad de la empresa y de posibilitar el acceso al crédito (PE-0018-2008, p. 8)” se le renovó, en junio de 2004 y marzo de 2005, la concesión de rutas que vencerían hacia 2007 y 2008. Algo aún más cuestionable resulta de la firma de un acuerdo el 21 de junio de 2006, incrementando la participación del Estado Argentino hasta el 20% a través de la capitalización de sus créditos con la empresa.
Es decir, en lugar de cobrarles nos convertimos más dueños de una empresa cuyo balance cuestionábamos. Además, desistimos de las impugnaciones judiciales mencionadas, a cambio de mayor inversión por parte de Air Comet. A su vez, si bien la empresa no cumplió con ese acuerdo, el Gobierno decidió hacer uso de la opción de incremento accionario el 22 de noviembre de 2007, días antes de que Néstor Kirchner dejara el poder.
En el proyecto el Gobierno se lamenta que a pesar de esto la empresa Air Comet “nunca dio cumplimiento a las inversiones, al aumento de vuelos regulares y a la incorporación de nuevas aeronaves (PE-0018-2008 p. 9)”. Pero la (in)acción estatal no terminó aquí. El 15 de mayo del corriente se firmó otra acta acuerdo donde el Gobierno se comprometió a “la puesta en funcionamiento de incentivos económicos, de transporte y fiscales, como incremento de tarifas, precios máximos de combustible y regulación en el ingreso de nuevos operadores aeronáuticos. (PE-0018-2008 p.10.)” A cambio, el Estado Nacional puede incrementar su participación a un piso del 20% y la de los empleados hasta el 10%.Vale precisar que el 10% o el 20% de algo que vale nada es nada, aclaración para los idiotas.
En la misma página donde se describe el mencionado acuerdo reza: “El Convenio aludido en el párrafo anterior fue nuevamente incumplido por el accionista mayoritario”. Quizás sea éste el mejor epitafio para una historia de la que, como expresé, todos somos parte por acción u omisión. En este sentido, todos somos responsables de controlar y reclamar cuando nuestro Gobierno no cumple con su función. Y aquí nuestro Gobierno no cumplió como accionista, como controlador y como administrador.
Cabe preguntarse, luego de esta larga cadena de incumplimientos, por qué el Gobierno insiste en hacerse cargo de una empresa con USD 890.684.122 de deuda y con una pérdida proyectada para este período de USD 250 millones. Si nos remitimos a los fundamentos hay dos posibles explicaciones: 1) garantizar el servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, carga y correos y, 2) la fuente de trabajo de 9000 empleados.
Una propuesta para estos dos objetivos puede ser:
Para garantizar el servicio aerocomercial no hace falta embarcarse en el dudoso salvataje de una aerolínea quebrada, sólo basta desregular el mercado para ir a una política de cielos abiertos. Para esto deben modificarse algunos artículos de la ley 17285 (Código Aeronáutico), derogar la ley 19030 de Transporte Aerocomercial y trabajar en la mejora de la competencia entre los aeropuertos; hoy monopolizados.
Nuestra propuesta consiste en la implementación de un sistema de remate de los espacios para despegue y aterrizaje; un sistema mundialmente eficiente dada la baja de costos logísticos.
Si bien el segundo argumento es más complicado, no por eso peca éste de inverosímil. En caso de que el Estado no se hiciera cargo de Aerolíneas Argentinas, sus trabajadores podrían desempeñarse en las empresas ingresantes al nuevo escenario.
¿Pero qué puede hacernos pensar que el resultado que se avecina será satisfactorio? Nuestro Estado no ha sido capaz de darnos hasta hoy buena educación, buen servicio de salud o buena seguridad. Hemos sido hasta el momento rehenes de un Estado idiota. Creer que este mismo Gobierno será capaz de hacer despegar a Aerolíneas Argentinas en su actual situación no es más que una fantasía.
Por Esteban Bullrich
Mucho se ha hablado en estos casi 100 días de los efectos que causará el aumento de las retenciones sobre la agricultura. Que fomenta la sojización, que destruye la producción de trigo, que favorece a los pooles de siembra.
Por Rosendo M. Fraga
El temor a una crisis económica generada por la inflación, el secuestro de un militante de los derechos humanos y el discurso que se planteó durante el conflicto del agro que se asemejaba al primer peronismo de los años cuarenta, plantea la cuestión de si la Argentina de las últimas décadas no viene sufriendo una sistemática tendencia al retornar al pasado.
Por Esteban Bullrich
La crisis de 2001 llevo a la superficie, con mucha claridad, la pérdida de representatividad de la dirigencia política. Esta crisis consistió y consiste –porque no se ha cerrado- en la imposibilidad de la ciudadanía de ver reflejados sus ideales e intereses en la persona de sus dirigentes. A su vez, esta falta de representatividad tiene tres aspectos: (a) fuerte personalismo en la actividad política, (b) falta de confianza y (c) ausencia de diálogo entre las partes.
Noticias sin historia
Por Hugo Martini
