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Un proyecto que atrasa años

[ 0 ] 21 octubre, 2009 |

Por Arturo Navarro

Hace un año  en pleno  debate de  la  resolución 125 se discutió el proyecto de ley de arrendamientos que tiene como autores intelectuales a la Federación Agraria Argentina con algunas modificaciones realizadas por el firmante  del proyecto, el diputado Eduardo Macaluse. La ejecución de este proyecto implicaría graves daños para el sector en particular y para la economía argentina, en general.
El ex presidente de CARBAP Juan Pedro Merbilhaa preparó sobre el tema un informe que queremos compartir.
Para recuperar  por lo menos las 35 millones de TT de granos que perdimos en el ciclo 2008-2009 y atender urgentes necesidades fiscales, hay que dejar de lado este proyecto distorsivo de las relaciones contractuales  de los protagonistas de la cadena agrícola  y  discutir  cuales son las políticas más urgente que permitan aumentar  la producción en el ciclo 2009-2010 con  un sistema de rotación sostenible en el tiempo.

  1. El proyecto atrasa ochenta (80) años, pues presupone que en la realidad socio económica, existe un desequilibrio entre arrendador y arrendatario en favor de aquél y, por lo tanto, habría que dictar una ley protectiva, desequilibrada en favor del más débil.
  2. Este razonamiento pudo tener sentido en el contexto en que se dictó la Ley 13.246 en el año 1948, y sobre todo se explica por la intencionalidad política de aquel Gobierno, que concretó luego con la “ininterrumpida prórroga de alquileres” en general, que se aplicó a los arrendamientos y destruyó el sistema de contratación pues ningún propietario quiso arrendar sus tierras, quedando apresados en ese régimen que de transitorio se hizo permanente, los que habían arrendado antes de tales imposiciones.
  3. La realidad de hoy es totalmente distinta, pues los propietarios que tienen más tendencia a arrendar sus campos son los “pequeños”, que no tienen capital para explotarlos por sí mismos y se lo dan a terceros. Y estos terceros suelen tener más capacidad económica que los pequeños propietarios. No hace falta que sean un “pool”, pues basta que un simple “contratista” tenga una organización familiar y/o asociación con otro u otros, para que cuenten con un capital de trabajo, una capacidad de inversión y una ganancia mayor que los pequeños propietarios de tierra.
  4. Ahora bien, si el proyecto apunta a equiparar la “competencia” de los demandantes de tierras, entre los “pool” y los “contratistas”, no es por vía de una ley de arrendamientos que se consigue tal cosa, sino a través de herramientas jurídicas distintas, como oportunidades crediticias y estímulos fiscales, sin meterse a alterar la relación de cualquiera de ellos (pool o contratista individual) con el propietario del suelo.
  5. El proyecto irrumpe en una realidad que funciona sin conflictividad ya que son casi inexistentes los casos judiciales, frente al hecho de estar produciéndose bajo el régimen genérico de “uso de tierra ajena”.
  6. La realidad muestra que, tanto la aplicación de la vieja Ley 13.246, como la de otras figuran más próximas a la libertad de contratación del Código Civil y del Código Comercial de la Nación, está funcionando fluidamente, sin conflictos y con una alta disponibilidad de tierras.
  7. Uno de los efectos que provocaría a futuro una ley como la que se propone, es el desaliento al propietario pequeño, generando, o la venta de la tierra, o la opción de arrendar en forma no documentada, sin estabilidad ni garantías jurídicas suficientes. Resulta incomprensible que se pretenda alterar algo que funciona.
  8. Esta realidad no descarta la necesaria actualización y perfeccionamiento de la herramienta legislativa, pero no es eso lo que provoca el proyecto, sino un retroceso histórico, ya que irrumpe artificialmente basado en preconceptos estáticos que se corresponden a momentos históricos antiguos, más que superados.
  9. El proyecto modifica seriamente leyes superiores estables como:

Código Civil. Con respecto de la continuidad contractual bajo un sistema “hereditario”, desvirtuando la naturaleza de cláusulas parecidas que tiene la Ley 13246 que están basadas en otros conceptos jurídicos que el proyecto ignora.
Código de Comercio. Pese a los esfuerzos declamatorios del proyecto, no evita desvirtuar la naturaleza jurídica de varias de las figuras que pretende introducir existen en la actualidad bajo institutos jurídicos codificados.
Régimen Tributario. Este es de naturaleza jurídica autónoma, lo que torna al proyecto vulnerable como ley futura y peligroso para la equilibrada aplicación de institutos arraigados en la legislación codificada.

¿Qué política debería aplicarse sobre los arrendamientos?

  1. No es ni urgente ni imprescindible una nueva ley de arrendamientos (sin perjuicio de mejorar la actual, sin apuro y atendiendo a los sustanciales cambios tecnológicos productivos que se siguen operando).
  2. Es contraproducente alterar el sistema actual, que ha demostrado ser capaz de dar accesos a la tierra ajena, productividad y baja conflictividad.
  3. Si se tiene como objeto influir en la “demanda” de tierras (entre contratistas y los pool) no se debe hacer a través de la legislación rural de arrendamientos.

No es bueno legislar teniendo como guía manuales de política económica de hace ocho décadas. Esta actitud es parte de la moda argentina de mirar hacia atrás mientras los vecinos de la región –que miran para adelante- ocupan los lugares de privilegio que ocupaba nuestra economía y nuestra cadena agroindustrial, también, hace ocho décadas

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