Sequía y falta de políticas anticíclicas
Por Arturo Navarro (*)
Es lamentable que la Argentina no tenga una política anticíclica para atenuar los riesgos climáticos y comerciales como los que genera la actual sequía. La idea central de esta iniciativa, que no practicamos, es que los productores tengan una cobertura integral por diferentes riesgos agropecuarios como tienen los países que planifican y diagraman pensando en el largo plazo. No le sirve al productor tener un Estado y una dirigencia que sigue actuando como bombero ante cada evento climático.
El ejemplo más notable es el de España. Un Fondo Catastrófico (es su nombre) fue creado en 1978 en el marco del Pacto de la Moncloa, en el cual como se sabe participaron el gobierno y todos los partidos políticos. Este Fondo ha permitido en situaciones críticas ayudar a solucionar problemas más allá del sector agropecuario: participó en la reparación de daños ocasionados por los atentados terroristas de Atocha.
Estos fondos se construyen en momentos de excedentes con ingresos extraordinarios, como fue la suba de la soja, o por medio de un mecanismo permanente para poder general una reserva específica que dispare en forma inmediata y automática los beneficio al productor sin participación alguna de los funcionarios de turno.
Hasta ahora, la argentina política ha manejado su relación con el campo bajo un doble supuesto. (a) Si los riesgos se transforman en siniestros son exclusivamente a cargo de los productores, incluso al costo de su propia quiebra, (b) Si el éxito acompaña la gestión de esos productores el Estado participa de las ganancias, no sólo a través de impuestos, sino mediante retenciones exorbitantes. Para que todos entiendan: “si hay perdidas no te conozco, si hay ganancias somos socios”.
Una política que proteja a la agroindustria, la más importante y eficiente de las industrias argentinas, debería diseñarse a través de tres instrumentos principales:
1. Ley de Emergencia agropecuaria vinculada a los dos instrumentos siguientes.
2. Política de seguros agropecuarios que incentive su mayor uso cambiando la vocación aseguradora del productor.
3. Fondo Permanente e inviolable por ley para poder atender todos los sucesos no previsibles.
La ley de emergencia no es antagónica al seguro agropecuario, ni lo puede reemplazar. Tampoco estos dos instrumentos pueden cubrir las consecuencias por desastres naturales, responsabilidad indelegable del Estado.
Un país que siembra mas 32 millones de hectáreas y produce más de 100 millones de toneladas de granos manifiesta las siguientes contradicciones: (a) los bancos oficiales sigan dando créditos sin seguro, (b) se siga vendiendo insumos sin asegurar su cobranza con dicho instrumento y (c) la mayoría de los productores invierten sin tomar previsión alguna considerando que es una explotación a cielo abierto. Después, todos reclaman en tiempo de sequía sobre fondos de la ley de emergencia agropecuaria, que no alcanzan si se pretende asegurar las inversiones en todas las zonas geográficas.
Los países que implementaron este tipo de políticas concluyeron que era más barato para el Estado la ejecución de un sistema mixto. Dicho sistema -público y privado- actúa con éxito como responsable de atender en forma directa los efectos de los riesgos climáticos.
Todos los países desarrollados aplican este tipo de políticas activas. Las mismas potencian los intereses del conjunto al conseguirse más altos niveles de producción y exportación; a la vez que aumentan los recursos del Estado para que éste pueda atender en tiempo y forma problemas de índole social. No es casual que esta política para cubrir los riesgos climáticos esté reconocida por la Organización Mundial de Comercio (OMC): con subsidios de hasta el 50% a la prima en los seguros individuales y de hasta el 80% en el seguro colectivo a pequeños productores.
En el último ciclo, mientras el Estado argentino estuvo casi ausente, la acción privada permitió cubrir un 55% del área sembrada. Pero debemos aceptar que con una política de Estado que institucionalice el sistema en un trabajo sinérgico – público y privado – se podría pasar del actual 55% del área sembrada asegurada al 70%, llegando a muchas zonas ausente de cobertura y a muchos pequeños productores, que culturalmente no le dan importancia a este instrumento, y bajando con estas acción el costo de la prima del seguro y haciendo más solidario el sistema.
Esta no es una propuesta para que el Estado sacrifique recursos fiscales. Todo lo contrario: darle previsibilidad al productor implica, finalmente, mayores recursos para ese mismo Estado.
(*) Consultor. Director del Área Cadena Agroindustrial de Carta Política.
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