La memoria no se mancha

Por  Francisco Delich (*)

Aquellas madres que interpelaron el poder absoluto desafiando el sentido común para conocer el paradero de sus hijos ausentes no tenían otro derecho reconocido que su propia condición de madres. Es sabido que las madres no distinguen entre hijos fuertes o débiles, inteligentes o torpes, varones o mujeres ni juzgan sus conductas; atienden el llamado profundo de la especie para cuidar sus crías.

Ellas convirtieron un estigma en una bandera. Les folles de la place de mai les llamaron en un libro que alertó a la comunidad europea acerca de la naturaleza de la dictadura argentina y conmovió al presidente de la mayor potencia mundial, James Carter, que envió una delegada a Buenos Aires para lograr la información negada.

Aquellas mujeres simples y modestas, amas de casa en su mayoría se constituyeron en un reducto pequeño pero inexpugnable de la dignidad que la dictadura había arrebatado al país entero.

Todo cambió con la democracia recuperada y la decisión del Presidente Alfonsín de juzgar a las juntas que gobernaron el país entre 1976 y 1983, tal como lo había prometido durante su campaña electoral. Los argentinos votaron esa propuesta y la ratificaron dos años después en las elecciones de legisladores de 1985. Era un acto de justicia y de reconocimiento nacional a aquellas madres ejemplares.

El Estado de Derecho, negado y postergado una y otra vez durante medio de siglo de historia nacional, se instalaba para perpetuarse, para sostener y sostenerse en la recreación democrática.

Aquellas Madres de la Plaza de Mayo tuvieron –a partir de entonces- el derecho a interpelar como ciudadanas al Estado y al Gobierno en nombre de los derechos humanos, para conocer el destino de sus hijos y de sus nietos nacidos en cautiverio.

A la enorme autoridad moral ganada en su lucha sin tregua contra el poder absoluto se añadía la vigencia de los derechos constitucionales. O viceversa: al imperio del derecho se añadía la autoridad moral necesaria para sostener el sentido e interpretaciones de la ley en inevitable disputa a partir del instante mismo de vigencia del Estado de Derecho. Para eso están los jueces, aunque no exclusivamente, porque el derecho positivo se construye en el espacio del Estado y, en consecuencia, de la política.

La sociedad civil cobra autonomía creciente y relativa del Estado a medida que se consolida el Estado republicano y democrático. La sociedad civil se construye con valores; el Estado con razones e intereses. Curiosamente, cuando los valores prescinden de escala y las razones prescinden de valores, derivan una y otra en formas de despotismo: despotismo social en un caso, despotismo político en el otro.

La señora Hebe de Bonafini ha liderado durante estas últimas tres décadas un sector de las Madres de Plaza de Mayo y en su nombre o representación se involucró en la política nacional e internacional. Fue una voz vehemente, siempre presente y necesaria. Otras madres y abuelas no la acompañaron en sus desplazamientos ante los gobiernos democráticos: acompañaron los reclamos específicos y dejaron de acompañarla en sus adhesiones a la banda ETA, al gobierno de Irán y a Bin Laden.

Con el gobierno del Presidente Kirchner las Madres de Plaza de Mayo tuvieron reconocimientos simbólicos extremadamente importantes: desde la derogación de las leyes de obediencia debida hasta un museo recordatorio en la ex–ESMA: el símbolo de las torturas se transformó en la Casa de los Derechos Humanos.

Pero también hubo compensaciones materiales y oportunidades de acción solidaria, como construir viviendas y distribuirlas sin los controles habituales del Estado. Estos por lo general nunca son suficientes en un país con tasas altas y recurrentes de corrupción. Aquí estuvieron ausentes por completo.

El destino cruzó, algo más de una década atrás, a una madre en busca de hijos desaparecidos o asesinados con el asesino de su propia madre. Como en una tragedia griega la madre de los asesinados redime al asesino de su madre y lo rescata de la cárcel y del olvido merecido para que la acompañe en la vida y la militancia política. Es también un hijo recuperado para que contribuya a recuperar a otros hijos de la injusticia. Pero este hijo redimido mata por segunda vez a su madre, su redentora. El primer asesinato físico a su madre biológica sigue este asesinato moral de la más simbólica de las madres argentinas.

La traición de Schoklender tiene sin embargo una dimensión distinta: es -simultáneamente- un delito contra el Estado y, cuando se pone en marcha el proceso de esclarecimiento, ninguna autoridad moral puede ni debe detener la autoridad secular. La señora Bonafini cometió un primer error cuando apeló a la sangre derramada para descalificar una pelotudez. Cien millones de dólares del Estado Nacional entregados y gestionados sin control no pueden esconderse detrás de las víctimas del terrorismo de Estado.

Lo subsanó días después al declarar: “si alguien cometió un delito debe ser investigado”. Pero en el camino del esclarecimiento también la propia Bonafini deberá ser investigada tanto como la Señora Miceli, imputada y bajo proceso incorporada un año atrás a la Fundación. Los fiscales querrán saber cómo se podía ignorar la propiedad empresaria de Schoklender, que se había concretado en una escribanía de la intimidad y confianza del gobierno de la Nación; y por supuesto la justicia convocará a los funcionarios que omitieron controlar los bienes públicos en custodia. Construir una sociedad decente reclama respeto por los valores de la decencia. Construir un Estado republicano es una larga militancia por el predominio de la ley.

Construir un Estado Democrático es una inacabable lucha por terminar con los privilegios de sangre, riqueza o poder.

En el camino, una profunda tristeza acompañará a quienes sientan que la política de derechos humanos es una política del Estado que lo revindica como tal, que lo ennoblece y dignifica. La memoria del horror y de sus víctimas persistirá en la memoria de las próximas y sucesivas generaciones. También el esfuerzo para que esa memoria no se manche.

(*) Profesor Emérito y ex Rector de la Universidad Nacional de Córdoba y ex Rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Miembro del Consejo Asesor de Carta Política.

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