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Iguala, la punta del Iceberg

[ 0 ] 31 octubre, 2014 |

Por Juan Russo (*)

La tormenta sociopolítica desatada por los hechos de Iguala (seis estudiantes muertos y 43 desaparecidos) en el Estado de Guerrero, México, con la intervención conjunta de la policía y del narcotráfico, ha puesto de manifiesto aspectos cruciales de la relación entre Estado y ciudadanos en el México contemporáneo.

En primer lugar, el deficiente registro de la voz ciudadana. Las laceraciones que la población viene sufriendo desde hace años por la inseguridad, no fueron registradas debidamente por la clase política mexicana. La desaparición de los jóvenes de Iguala ha sido el detonante para que desde distintos lugares del país, jóvenes y actores de la sociedad civil se movilicen para ser una gran voz ciudadana que obliga al gobierno escuchar. Construir la voz en México no es tarea fácil, todo lo contrario. Frecuentemente los gobiernos (en los estados y en el país) privilegian la gobernabilidad por sobre la representación. La construcción de políticas que deben ser aseguradas más allá de las preferencias de los ciudadanos tiene una larga tradición. La agenda es programa de elite, no agenda de ciudadanos, y la comunidad política es concebida no como comunidad de sujetos de derechos, sino como población gobernada. Paradójicamente, el desprecio de los gobiernos por la representación de los ciudadanos ha minado las bases de su más preciado tesoro: la gobernabilidad. Algunos gobiernos, como Michoacán antes y ahora Guerrero, fueron penetrados de modo escandaloso por el crimen organizado. Como ocurre desde hace algunos años con las policías comunitarias, ante la desconfianza y el temor hacia el Estado oficial, los ciudadanos construyen su propia seguridad, que es construir su propio Estado. Y ello obedece a que en democracia, un Estado que pierde el reconocimiento de su comunidad, pierde simultáneamente eficacia en su principal misión: la de asegurar la paz en su territorio.

En segundo lugar, y derivado de lo anterior, la construcción de agendas políticas desvinculadas de la sociedad. Es desconcertante que a pesar de la inconcebible cifra de cien mil muertos por la lucha con el narcotráfico, el Pacto por México relegara a un lugar secundario la política de seguridad. Es decir la desvinculación entre la agenda de los gobiernos y el sentir cotidiano de los ciudadanos como dos carriles que se bifurcan indefinidamente y que produce un hondo malestar en la democracia mexicana. Esta ruptura entre Estado y ciudadanos frustra la construcción de un Estado para la democracia.

En tercer lugar, los hechos de Iguala reclaman repensar la construcción de la democracia mexicana. La democratización mexicana se inició en lo institucional con importantes reformas electorales y un hito fue la creación del IFE: una forma de proteger a las elecciones del propio estado hegemónico. Este paso fue decisivo para la democracia electoral. Pero el estado hegemónico no sólo obstaculizaba las reglas de la competencia electoral, en verdad comprometía su propio rol de arbitro y autoridad legitima de una comunidad libre de ciudadanos. Al corregir el régimen electoral se posibilitó la transición hacia un orden de competencia política, pero el conjunto del Estado permaneció como en el pasado, con mecanismos, cultura y un rendimiento propios de un Estado sin ciudadanos.

Desde el advenimiento de la democracia electoral, se ha avanzado en múltiples aspectos, todavía perfectibles (transparencia, arbitraje electoral) pero poco se ha tocado el meollo del problema que plantea la democracia mexicana, esto es cómo construir un Estado para los ciudadanos. Los hechos de Iguala impactan por su carácter aberrante, no por ser una novedad. Los graves desafíos impuestos por el crimen organizado en los últimos años, han sido afrontados por un Estado que actúa sin el espíritu ni la misión de imponer el respeto a la ley. La propia democracia se edifica sobre un Estado abusivo y de escasa legitimidad. Antes y después de la alternancia (símbolo colectivo de la democratización) miles de ciudadanos son detenidos y encarcelados, particularmente en las regiones mas vulnerables del país, sin que se sigan los procedimientos legales mínimos de un Estado de derecho. Como han denunciado las organizaciones de derechos humanos, miles de muertes por la lucha del narcotráfico, no han sido seguidas por investigación judicial o policial alguna. Según datos del Inegi, publicados en 2014, sólo el 3% de los delitos tuvieron resolución judicial y la cifra negra, esto es el porcentaje de delitos no denunciados por las victimas, fue del 93,7 %, o sea sólo 6 de 100 afectados, hacen denuncia ante el Estado. En plena democracia electoral, el Estado sigue actuando sin referencia ciudadana.

Así como las reformas electorales posibilitaron la competencia política, la construcción de una mejor democracia requiere, como condición sine quanon, de ciudadanías soberanas. Y ello se concreta cuando el Estado las garantiza, las protege y las sirve.

Para ello es vital el impulso del gobierno (como en su momento lo hizo con el IFE) para una reforma del Estado que garantice los derechos ciudadanos. Una política de seguridad sin tener a la ciudadanía como eje, está condenada al fracaso, como lo muestran los recientes acontecimientos de Iguala.

 

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