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El dilema

[ 0 ] 17 julio, 2012 |

Por Francisco Delich (*)

La presidente de la república recién comienza su segundo mandato y último consecutivo. Ha cumplido solamente siete meses en su gobierno que, de acuerdo a la Constitución Nacional, durará cuarenta y ocho. Apenas ha superado el 15% de gestión.

El término de un mandato presidencial no debería ser dramático ni para el sistema democrático ni para la persona que lo ejerce. En Chile, Brasil y Uruguay este proceso esta sucediendo con regularidad y sin contratiempos. Perú luego de la experiencia Fujimori está renovando la presidencia con regularidad. Las mayores dificultades se encuentran en los gobiernos de liderazgos carismáticos que intentan refundar -democracia mediante- el régimen republicano: Bolivia, Ecuador y Venezuela entre los mas conocidos actualmente.

La Argentina tuvo su primera experiencia de transición de régimen en 1983 con el retorno de la democracia y cuando el Partido Justicialista dejó de funcionar como partido hegemónico, perdió las elecciones de 1983 y otra vez en 1999.

La Reforma Constitucional de 1994 redujo el mandato presidencial a cuatro años y admitió una reelección. Una cláusula transitoria estableció que el mandato de seis años que Carlos Menem estaba finalizando debía considerarse como primer mandato. De modo que desde un punto de vista constitucional la situación no merece ninguna observación.

México es otro ejemplo. Transitó desde un cambio de régimen político (de partido hegemónico a partidos competitivos) en más de una década difícil (2000-2012) y también es un ejemplo, en otro sentido: lo que significó una elección presidencial a comienzos del siglo XX. La reelección indefinida de Porfirio Díaz durante décadas (1876-1910) desencadenó finalmente una revolución que costó otras tantas de luchas fratricidas. Cuando la revolución triunfo se estableció que un presidente no podría ser reelecto jamás y desde entonces se convirtió en una consigna que consta en todos y cada uno de los documentos oficiales del Estado: “NO REELECCION”, proclama desde hace casi ochenta años.

Algunos encuentros políticos, algunas voces sugieren la necesidad –en la Argentina- de reformar la Constitución para permitir la reelección de la actual Presidente. Tiempo atrás la propia Presidente lo negó y representantes de grupos sociales próximos de su gestión como Madres de Plaza de Mayo o desocupados lo consideran innecesario e inconveniente. Otros sectores afines a la Presidente consideran, en cambio, que debería reformarse la Constitución, mantienen silencio sobre la reelección e imaginan una vaga enunciación de postulados ideológicos. La presidente calla.

Una reforma constitucional no es simplemente contar una sumatoria de votos en ambas cámaras del parlamento. La Constitución es fruto de consenso mayoritario entre oficialismo y oposición. Ese fue el mérito de la constitución 1853-1860 y también la más reciente en 1994, votada por dos tercios entre oficialistas y opositores.

La constitución de 1949, en cambio, no solamente fue ilegal porque no reunió los dos tercios de la Cámara de Diputados de la Nación como en su exilio lo reconoció Héctor Cámpora -quien la presidía-, sino porque un sólo partido político la avaló para permitir la reelección del entonces Presidente. Esta Constitución, derogada en 1957, fue definitivamente enterrada con el consenso de todos los convencionales en la Convención Constituyente de Santa Fe de ese año y por tal motivo excluida como antecedente de la Constitución vigente. Aquella Constitución no fue un avance, fue un error que costó infinitos dolores al país.

Nadie debería invitar a desenterrar fantasmas ni aún para distraer a la sociedad. Mi hipótesis es que la Presidente está frente a un dilema que se parece bastante al conocido dilema del prisionero: si reconoce como dato el inevitable final de su mandato, debe asumir la pérdida de poder creciente a medida que transcurran los meses y declarar implícitamente abierta la sucesión.

Si no lo hace y alienta la reelección exaspera la sociedad que no la votó (46% en octubre de 2011) y crea condiciones de ingobernabilidad en tanto las expectativas se concentran en atribuirle voluntad de perpetuidad en el poder. La sola mención de reelección de Carlos Menem dividió a su propio partido y generó las condiciones para la derrota electoral del peronismo en 1999.

Curiosamente el general Perón encontró en 1951, cuando terminaba su mandato presidencial, la mayor oposición a su proyecto en el entonces Gobernador de Buenos Aires, que gozaba de popularidad (el coronel Mercante), que lo acompañaba desde el golpe de 1943 y al que excluyó de su movimiento a partir de ese momento.

Otra vez un Gobernador peronista de Buenos Aires aspira, como Eduardo Duhalde en 1998 y Daniel Scioli en estas semanas, a presentarse como candidato a presidente, pero “si la Presidenta no se presenta”. Tanto Carlos Menem como Cristina Fernández reaccionaron como el General Perón en 1951 excluyendo a un sucesor (potencial) y a un adversario (potencial) si fuese electo, aun pagando un costo político y electoral que no puede ser medido en el momento en que se toma la decisión y abriendo una peligrosa instancia institucional.

Es cierto que la situación que los americanos denominan “pato rengo” es poco confortable. Pero es parte de la calidad de un Presidente construir su salida del poder pensando más en la historia que en una repetición de mandato que salta no solamente las reglas, sino el espíritu de la Constitución Nacional. El dilema sucesorio crea una situación donde la incertidumbre se puede convertir en el comienzo de la disolución de sus propias bases, como lo está demostrando la fractura de la CGT.

Habrá otros aspirantes importantes en el peronismo, que convivirán más o menos según las circunstancias hasta el año próximo, cuando la voluntad de reelección se traduzca en el control de los candidatos a formar el parlamento y agudice la lucha por el poder.

El dilema se resolverá en los hechos mas temprano que tarde, pero un viejo axioma de la ciencia política indica: cuanto mayor es la concentración de poder, más dificultosa la sucesión y, cuanto menor la densidad institucional, mayores los riesgos para el logro de un recambio ordenado en el poder presidencial.

Cuando el dilema se resuelva habrá terminado la coyuntura y comenzado la historia.

(*) Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Córdoba y miembro del Consejo Asesor de Carta Política.

Categorias: Columnistas, Francisco Delich, Opinión

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