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Discurso sobre la Reforma Electoral

[ 0 ] 27 octubre, 2016 |

por Pablo Tonelli (*)

TONELLISr. Presidente (Monzó).-  En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Tonelli.- Señor presidente: hace poco más de cien años la Argentina concretaba la revolución pacífica más importante desde la independencia: la sanción de la ley Sáenz Peña.  En realidad, se trató de dos leyes: la 8130, sancionada en 1911, y la 8871, sancionada en 1912.

Un solo ejemplo muestra la importancia y el salto en la calidad de nuestra democracia que implicó esa reforma electoral.  En 1910, en la elección que consagró como presidente a Roque Sáenz Peña, votaron alrededor de 190.000 electores.  Después de la aprobación de la ley, en la siguiente elección de 1916, que consagró presidente a Hipólito Yrigoyen, votaron casi 800.000 electores.  Es decir, se amplió enormemente la base representativa, votaron muchos más argentinos y la legitimidad del gobierno de Yrigoyen fue mucho mayor que la de su antecesor, gracias a la reforma electoral.

Pero sucede que han trascurrido 104 años, el sistema está agotado, ha dado todo lo que podía dar y hoy en día presenta muchas dificultades que el gobierno quiere superar.  Para no abundar en los detalles, una de las más notorias consiste en que con el actual sistema los electores no tienen garantizado que a la hora de votar van a poder hacerlo por el partido político o el candidato de su preferencia.

Es bastante habitual que en el cuarto oscuro el elector no encuentre la boleta del candidato o la agrupación por la quiere votar.  Si el presidente de mesa no tiene boletas para reponer y no hay un fiscal de esa agrupación con boletas para reponer, el elector no tendrá más remedio que elegir un candidato que no es de su preferencia o votar en blanco.  Lo cierto es que en este tema de la posibilidad de que los electores no puedan votar por el candidato de su preferencia, de alguna manera el Estado se ha desentendido de su responsabilidad.

Sin embargo, como todos sabemos, los encargados de imprimir, distribuir y reponer las boletas son los partidos políticos y no el Estado.  Es decir, hay una suerte de privatización de una obligación que a nuestro modo de ver es estrictamente estatal.  Es el Estado el que tiene la obligación de garantizar a los electores que van a poder votar por el candidato o la agrupación de su preferencia.  Este es un déficit del actual sistema que tenemos que superar.

Por otro lado, el robo de boletas se ha extendido demasiado.  Originalmente, en algún caso aislado pudo ser considerado una picardía, pero hoy en día es un verdadero flagelo a la hora de tar y en algunos casos puede llegar a alterar el resultado de una elección.

Por eso el gobierno se ha propuesto hacer una reforma electoral, que además de agregar mayor transparencia al sistema y al resultado de las votaciones garantice de manera adecuada a los electores que siempre, en todos los casos y bajo todas las circunstancias, van a poder votar por el candidato de su preferencia.  Ese sistema es el que se propone en este proyecto que en términos estrictos se denomina “votación con impresión de sufragio mediante sistema electrónico”.  En términos más coloquiales, podemos denominarlo sistema de boleta única electrónica.

Este sistema consiste en que luego de ser identificado, el elector recibe del presidente de mesa una boleta en blanco, se dirige hacia una máquina, que básicamente es una pantalla, allí realiza su elección y elige al candidato o la agrupación de su preferencia, según las categorías que se voten.

Una vez que ha hecho su elección, coloca esa boleta en blanco en una ranura y ordena la impresión.  Luego de imprimir la boleta, el elector la retira, y verifica que lo que está impreso es exactamente lo que eligió, lo que quiere votar.  Una vez que está seguro de su elección, se acerca nuevamente a la mesa y deposita su boleta en la urna.  Es decir que no hay posibilidad de que el elector no pueda votar a quien desee.

Además, el sistema tiene una ventaja: concluida la votación y a la hora de hacer el escrutinio, los votos son contados mediante dos sistemas distintos.  En primer lugar, como es tradicional, los cuenta el presidente de mesa de manera manual, ayudado, asistido y controlado por los fiscales partidarios.  Pero también hay un cómputo que realiza la propia máquina, luego de ser puesta en el modo adecuado. Es decir que la máquina cuenta pasando las boletas.

Además de la garantía que implica el doble cómputo esto tiene una consecuencia sumamente importante y trascendente.  El acta del escrutinio, los certificados de escrutinio y los que se llevan los fiscales partidarios, son todos impresos por la máquina.  De modo que absoluta y definitivamente desaparece la posibilidad de diferencias entre el acta de escrutinio y los certificados, algo que hoy en día es muy común porque primero se hace el acta de escrutinio y después se transcriben los resultados a los certificados que llevan los fiscales.  Al respecto, es bastante común que surjan diferencias o que haya números que no se entienden, no se alcanzan a leer o generan dudas.

A partir de la implementación de este sistema en el que la máquina imprime el acta de escrutinio y los certificados, no puede surgir diferencia alguna.  En consecuencia, todos van a contener exactamente las mismas cifras y los mismos resultados.

Sin perjuicio de ello, y de la seguridad que ostenta el nuevo sistema, el Poder Ejecutivo y el mismo Congreso se han preocupado por rodearlo de mayores recaudos, garantías y seguridades para beneficio del elector y de la población en general.  Así, por ejemplo, en el nuevo artículo 14 bis del Código Electoral Nacional que considera el proyecto, se prevé una serie de principios y requisitos que el sistema debe satisfacer, los que implican una garantía total y absoluta acerca de su seguridad, confiabilidad y transparencia.

Para generar más confianza y evitar cualquier duda, el proyecto contempla la ampliación de las atribuciones de control y de auditoría de parte de la Cámara Nacional Electoral, órgano perteneciente al Poder Judicial.  El proyecto prevé que deben efectuarse auditorías previas, simultáneas y posteriores a la elección.  Además, contempla que los resultados de ellas no deben arrojar duda alguna.  Sin embargo, en el caso de que hubiera deficiencias o dificultades, la propia norma prevé la solución para cada caso.

El proyecto también contempla que la Cámara Nacional Electoral elabore un protocolo de acción con orientaciones básicas y elementales respecto de lo que tiene que hacer la Junta Electoral Nacional en cada distrito el día de los comicios, el que debe ser aplicado en todo el país.  De acuerdo con lo establecido en el proyecto, ella contará con la atribución de adaptar esos principios generales a la realidad, las circunstancias y las particularidades del distrito en el que actúe.

Por otra parte, en el proyecto se incorporan los fiscales informáticos a la par de los fiscales partidarios y generales.  Ellos pueden ser designados por los partidos políticos para auditar concreta y específicamente el sistema de votación y el funcionamiento de la máquina que efectivizará el voto electrónico.

El proyecto contempla incorporar un Consejo de Seguimiento integrado por los apoderados y los representantes de los partidos políticos nacionales.  La idea es que vigilen y controlen todo el proceso electoral, a la vez de hacer las sugerencias y propuestas que estimen convenientes, consideradas luego por la misma Cámara Nacional Electoral.

Se incorpora asimismo la figura del delegado de la Justicia Electoral para actuar en cada centro de votación a fin de actuar como su representante y ayudar a solucionar las dificultades o inconvenientes que puedan presentarse durante el acto electoral.

Otra innovación importante es que se amplían los llamados delitos electorales, sobre todo los informáticos, en virtud de que el nuevo sistema de votación cuenta con un componente informático decisivo y esencial a la hora de concretar el voto de los ciudadanos.

Además, el proyecto de ley incorpora un procedimiento electoral sancionador que hasta ahora no existía en nuestra legislación.  A la hora de juzgar los delitos electorales los jueces debían aplicar los procedimientos ordinarios en materia penal.  Ahora se atribuye competencia para el juzgamiento de estos delitos exclusivamente a los jueces electorales, quienes están altamente especializados esa materia y resuelven todo lo relativo a ella.  Lógicamente, es razonable que ellos sean los encargados de resolver si hay o no delitos informáticos electorales, y eventualmente sancionar a los responsables.

Hasta este punto el proyecto contempla modificaciones o incorporaciones al Código Electoral Nacional, pero también propone modificaciones a otras leyes de manera de completar una reforma electoral integral que, reitero, fundamentalmente está orientada a brindar mayor transparencia y seguridad a los electores.  En ese sentido, se propone modificar la ley 26.571, de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y prohibir las dobles candidaturas.  Es decir, alguien que quiera ser candidato nacional no puede ser al mismo candidato provincial o municipal.  Quienes deseen ser candidatos a cargos nacionales, deberán serlo con exclusividad.

Hay una innovación que ha suscitado inquietudes, particularmente entre los partidos provinciales: el modo de votación en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.  El proyecto prevé que lo primero que tiene que hacer el elector a la hora de votar en una primaria es elegir en qué agrupación o partido político va a dar su voto. Una vez que lo hace, opta entre las distintas alternativas ofrecidas por ese partido o agrupación.  Esto ha suscitado algunas preocupaciones y observaciones, en especial de los partidos provinciales.  Como la idea es superarlas, resolverlas y que nadie tenga objeciones sobre el sistema, propondré alguna modificación en el tratamiento en particular.

Asimismo, se proponen modificaciones a la ley 26.215, de financiamiento de los partidos políticos; a la ley 19.108, que establece las funciones y la competencia de la Cámara Nacional Electoral; a la ley 15.262, de simultaneidad de elecciones provinciales y municipales, y a la ley 23.298, de los partidos políticos.

El proyecto contempla algo muy importante: la creación de una comisión bicameral integrada por ocho senadores y ocho diputados, encargada del seguimiento y el control permanente de los procesos electorales.  Esta es una innovación que no figuraba en el proyecto del Poder Ejecutivo, que propuesta por diversos diputados, y que hemos aceptado e incorporado.

Otra innovación significativa que contiene el proyecto y no figuraba en el del Poder Ejecutivo, es una iniciativa de las diputadas de Cambiemos, que después fue acompañada por diputadas y diputados de otros bloques, relativa a la paridad de género.  Se trata de llevar el conocido cupo femenino, que exige la presencia de un 30 por ciento de mujeres en las listas, a una paridad total, de manera que en todas las listas haya el mismo número de mujeres y varones. Reitero que es una modificación que no estaba contemplada en el proyecto del Poder Ejecutivo, pero que hemos incorporado merced a la iniciativa de nuestras diputadas.

Un aspecto importante que me interesa aclarar, porque seguramente vamos a escuchar a algún diputado referirse al tema, es que este sistema de boleta única electrónica que proponemos no es de voto electrónico.  El voto electrónico es una cosa totalmente distinta. En el sistema de voto electrónico el elector realiza su elección, elige en una máquina la opción electoral por la que vota y allí se termina su actuación.  La máquina computa el voto y el elector no se queda con ninguna constancia de lo que votó.

Me anticipo a decir esto porque seguramente algún diputado va a decir que el voto electrónico está en retroceso en el mundo, que ha habido decisiones de algunos tribunales y no va a faltar alguno que mencione al superior tribunal alemán.  Pero todas esas objeciones no son aplicables a este sistema porque este no es de voto electrónico, sino de boleta única electrónica.  En este sistema –como ya lo expliqué antes‑ el elector, después de elegir su opción, imprime la boleta, la lee, la controla, ve que diga exactamente lo que él eligió y recién ahí lo deposita en la urna.

El cómputo no lo hace la máquina, sino el presidente de mesa, asistido, acompañado y controlado por los fiscales, sin perjuicio de que a ese cómputo se le suma el cómputo electrónico que hace la misma máquina.

Por último, quiero agradecer la buena disposición de los diputados de la oposición, con quienes hemos podido trabajar intensamente para corregir y –creo yo‑ mejorar el proyecto que vino del Poder Ejecutivo.  En ese sentido, quiero mencionar especialmente a los señores diputados Kosiner, Brügge, Camaño, Ciciliani y Stolbizer, y dentro de nuestro bloque quiero agradecer de manera muy especial a la señora diputada Lospennato, que ha trabajado mucho y bien en este tema.  A todos ellos y a todos los bloques que han acompañado la iniciativa, vaya mi agradecimiento.

Para cerrar, insto a los colegas diputados a que pongamos al sistema electoral a la altura de los tiempos, dejemos atrás ese sistema que ya tiene 104 años de vigencia, que ya ha dado todo lo que podía y al que ya no podemos pedir más.  Demos un salto de calidad y de certeza hacia adelante, con el mismo espíritu progresista que en su momento lo hizo Roque Saénz Peña, de manera que a partir del año próximo, cuando vayamos a votar, lo hagamos con la tranquilidad de que vamos a poder elegir a los candidatos de nuestra preferencia y que el resultado va a ser absolutamente certero y transparente.  Eso es exactamente lo que se ha propuesto mediante este proyecto.  (Aplausos en las bancas.)

(*) El autor es Diputado Nacional (PRO)

Categorias: Columnistas, Opinión, Pablo G. Tonelli

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