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Discurso sobre el Presupuesto Nacional

[ 0 ] 15 octubre, 2015 |

Por Pablo Tonelli (*)

DISCURSO DEL DIPUTADO NACIONAL PABLO TONELLI (PRO)

Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo). Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Tonelli. Señora presidenta: me voy a referir a un aspecto particular del proyecto de ley de presupuesto que hoy ya fue mencionado y debatido, que tiene enorme importancia y gravitación y que es el tema de los superpoderes.

Los superpoderes, en la versión actual, que es muy brutal, tienen su origen en 2006 a través de la ley 26.124, que modificó el artículo 37 de la ley 24.156, de administración financiera. Merced a esa modificación, se confirió al jefe de Gabinete de Ministros la atribución absolutamente discrecional de modificar íntegramente el presupuesto; es decir, el destino de absolutamente toda esa norma, desde el primero hasta el último peso previsto en ella.

Como ha sido señalado por otros señores diputados preopinantes ―particularmente esto fue consignado en el dictamen del bloque del PRO y explicado por el diputado Sturzenegger―, esto hace que el proyecto de ley de presupuesto que aprobemos en este Parlamento sea una mera expresión de deseos, porque al día siguiente de ser aprobado y antes de entrar en vigencia, a partir del 1° de enero del año próximo, el jefe de Gabinete de Ministros puede modificarlo total y absolutamente.

En términos constitucionales, esto que llamamos “superpoderes” es una delegación de facultades que el Congreso le hace a un funcionario del Poder Ejecutivo ―ni siquiera al presidente de la República― para que ejerza de manera integral e ilimitada las atribuciones que son propias y exclusivas del Congreso.

Digo que son propias y exclusivas del Congreso porque el artículo 75, inciso 8°, de la Constitución Nacional atribuye al Poder Legislativo ―es decir, a nosotros, los legisladores― la facultad o competencia para fijar y aprobar el presupuesto.

Respecto de la delegación ―que últimamente ha estado tan en discusión aquí en el Congreso debido al contenido de varias de las leyes que hemos sancionado, como por ejemplo, la ley de abastecimiento, que contiene una enorme delegación de facultades en funcionarios del Poder Ejecutivo―, hay que tener presente que desde 1994 la Constitución Nacional contiene una cláusula muy precisa, que es la del artículo 76, que impide delegar atribuciones legislativas al Poder Ejecutivo, salvo en casos de emergencia, por tiempo determinado y con fijación de las bases sobre las cuales debe ejercerse esa delegación.

Desde hace mucho tiempo el gobierno no sólo no proclama ni declara ni nos pide a los legisladores que declaremos la emergencia, sino que la niega. De modo que la delegación carece absolutamente de sentido y de razón de ser.

En este punto me parece importante destacar cuál es la esencia del presupuesto y de esta regla con la cual es el Congreso el que fija el límite y el destino del gasto. Es una regla que comenzó nada más y nada menos que en Inglaterra en 1688 con el Bill of Rights. Es decir que tiene alguna tradición en el mundo desarrollado.

El presupuesto no es meramente un cálculo económico o una planilla contable, sino un plan de acción. En él se decide si el dinero del pueblo se va a gastar en educación o en defensa, lo cual no es exactamente lo mismo.

Por eso es importante que la decisión del Congreso, que es el órgano genuino de la representación popular, sea respetada y no pueda ser desvirtuada, como sucede en la práctica, por el jefe de Gabinete de Ministros, que hace y deshace con el presupuesto lo que le da la gana.

Si bien desde el punto de vista del Poder Ejecutivo puede ser comprensible, aunque nunca justificable, la aspiración de contar con esos poderes tan ilimitados que le permitan hacer del presupuesto lo que quiera ―lo cual, por supuesto, no es compatible con un criterio republicano― no es para nada comprensible ni justificable que nosotros, los legisladores, renunciemos voluntaria y conscientemente a la más importante de las facultades que nos ha conferido la Constitución Nacional y a la más importante de las obligaciones que ella nos impone, que precisamente es la de decidir el destino de los dineros del pueblo.

Por lo tanto, con la vergüenza a que nos obliga esta delegación de facultades injustificada en el Poder Ejecutivo, una vez más abogamos y reiteramos la inmediata necesidad de terminar con los superpoderes, a fin de volver a ser una república normal. (Aplausos.)

Categorias: Columnistas, Opinión, Pablo G. Tonelli

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