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Agrava el gobierno la gestión portuaria.

[ 0 ] 1 noviembre, 2012 |

Por Arturo Navarro (*)

Los puertos graneleros del país siguen paralizados por la decisión del Gobierno Nacional de cambiar las condiciones de control de peso de los barcos. La medida se dispuso para presionar a los exportadores por una deuda pendiente de 600 mil millones de pesos debido a derechos de exportación mal liquidados en el año 2007. Consecuencia directa de dicha medida se paralizaron también todas las actividades relacionadas, incluso la liquidación de las divisas de exportación.

El problema surgió en el año 2007 cuando el Gobierno no cerró el registro de exportaciones ante las versiones públicas que los derechos a la exportación podrían subir. En ese momento se anotaron una importante cantidad de TT para congelar el compromiso fiscal. Posteriormente por la Ley Martínez Raymonda determinó que los exportadores tenían una deuda con el fisco de 1500 mil de pesos resultado de esa diferencia. Si bien varios exportadores fueron saldando la deuda, el saldo pendiente que hoy se reclama es de 600 millones dolares.

Hoy el tema está en la justicia esperando el fallo ante el reclamo de las exportadoras. Cabe decir que Ley Martínez Raymonda pretendía corregir la situación legislando en forma retroactiva, lo cual es totalmente inconstitucional.

Hoy el tema está en la justicia esperando el fallo ante el reclamo de las exportadoras. Cabe decir que Ley Martínez Raymonda pretendía corregir la situación legislando en forma retroactiva, lo cual es totalmente inconstitucional.

De cualquier forma, primero hay que reconocer que el Estado tiene todas las atribuciones para cambiar los sistemas de pesada para un mejor control fiscal, decisión que nadie ha cuestionado y apoyo que se generalice a todos los otros sectores de la economía para que todos puedan competir en igualdad de condiciones. En segundo lugar, el control se hacía igual desde el 2003 con el sistema de pesada que está instalado en todos los puertos y la Aduana supervisaba el mismo cuando el buque se completaba. Desde entonces, no hubo ninguna denuncia pública que hubiera supuesto un cambio del sistema tan intempestivo.

Los cambios de las condiciones en el control provocaran una carga más lenta de los buques, trastornos en las radas de accesos a los puertos y en la misma Hidrovía. Todo esto generará más gastos que repercutirán en el valor final que recibe el productor.

La Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martin, con buen tino, decidió́ adelantarse a los eventuales problemas por el volumen de cosecha que está prevista antes que surgiera esta disposición que va a aumentar el costo de flete internacional. La Cooperativa armó un paquete de posibles medidas que remitió́ a la Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables de la Nación para operar con más agilidad la carga de los buques que están en estudio. Ahora nos encontramos que esta disposición de la Aduana va agravar el problema porque van en contra de poder agilizar todas las actividades portuarias.

Consultor Agropecuario y Director del Área Cadena Agroindustrial de Carta Política.

Categorias: Arturo Navarro, Columnistas, Opinión

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